La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no entrará en vigor hasta final de 2025
Analizamos el nuevo anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral en España, sus implicaciones legales y económicas, y cómo puede afectar a trabajadores y empresas.
El pasado 6 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral máxima en España de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial con la aprobación de los sindicatos y la oposición de la patronal. Será un proceso largo, ya que no entrará en vigor, como mínimo, hasta final de 2025,
Esta iniciativa, que ahora se someterá a debate en el Congreso de los Diputados, busca mejorar la conciliación laboral y familiar, aumentar la productividad y adaptar las condiciones laborales a las demandas actuales del mercado de trabajo.
Marco legal actual de la jornada laboral en España
Según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada ordinaria de trabajo no puede superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas en promedio anual. La distribución de la jornada puede establecerse mediante convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Además, la normativa establece:
- Jornada diaria máxima: 9 horas, salvo que se acuerde otra distribución mediante convenio colectivo.
- Descanso entre jornadas: Mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.
- Descanso durante la jornada: Si la duración diaria excede de 6 horas, debe establecerse un período de descanso no inferior a 15 minutos.
- Jornada partida: En jornadas que se dividen en dos períodos, se debe respetar el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y no superar las 9 horas diarias.
- Jornada de menores de edad: Los trabajadores menores de 18 años no pueden realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo.
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno propone reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, manteniendo el salario actual de los trabajadores. Esta medida, fruto de un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, busca beneficiar a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores, especialmente a aquellos que no están amparados por convenios colectivos que ya establecen jornadas inferiores. Entre los aspectos más destacados del proyecto se incluyen:
- Implementación gradual: Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada laboral.
- Registro horario digitalizado: Se establece la obligatoriedad de un sistema de registro horario digital, accesible a la Inspección de Trabajo, para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral.
- Derecho a la desconexión: Se reconoce el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera del horario laboral.
- Sanciones por incumplimiento: Las empresas que no cumplan con la reducción de jornada o el registro horario podrán enfrentar sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador, ajustadas a su tamaño y capacidad económica.
Implicaciones legales y económicas
Desde el punto de vista legal, la reducción de la jornada laboral implica una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Además, las empresas deberán revisar y adaptar sus contratos de trabajo, convenios colectivos y sistemas de registro horario para cumplir con la nueva normativa.
Económicamente, la medida ha generado un intenso debate. Mientras que el Gobierno y los sindicatos argumentan que la reducción de la jornada puede mejorar la productividad y reducir el absentismo, las asociaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, advierten sobre un posible incremento de los costes laborales y efectos negativos sobre el crecimiento económico y la creación de empleo.
Estudios de BBVA Research y la patronal estiman un impacto económico total cercano a los 48.000 millones de euros, con un posible incremento de costes laborales del 1,5% del PIB.
Perspectivas y próximos pasos
El proyecto de ley ahora se someterá a debate en el Congreso de los Diputados. Aunque cuenta con el respaldo de los sindicatos y una parte del arco parlamentario, enfrenta desafíos políticos debido a la falta de apoyos claros, especialmente por la oposición del PP y la postura crítica de Junts. El Gobierno confía en que la presión social y el apoyo popular demostrado en encuestas facilitarán su aprobación.
Conclusión
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales representa un cambio significativo en el panorama laboral español. Desde Terrer y García Abogados, recomendamos a empresas y trabajadores mantenerse informados sobre la evolución de esta medida y prepararse para su posible implementación. Nuestro despacho ofrece asesoramiento especializado en derecho laboral para ayudarle a adaptarse a los cambios legislativos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
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