Once nuevos tipos de familia: las claves de la nueva ley

La nueva ley de familias que ya se aprobado en una segunda lectura, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero antes tendrá que ser tramitada en el Congreso de los Diputados donde se solicitará su aprobación por la vía de urgencia. Lo que si se conoce es que la renta por crianza entró en vigor desde el día 1 de enero de 2023.

El concepto de familia ya no se limitará únicamente a las familias de origen matrimonial.

Se establecen once nuevos tipos de familia, incluyendo familias LGTBI, familias con miembros discapacitados, familias múltiples, familias adoptivas, familias reconstituidas y familias acogedoras, entre otras.

Además de reconocer la diversidad familiar, la ley también equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios.

Por ejemplo, se garantiza el acceso a los 15 días de permiso por registro a las parejas de hecho, equiparándolos así a los matrimonios.

La ley también introduce nuevos permisos para cuidados. Se establece un permiso parental de ocho semanas, que puede ser disfrutado de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el hijo cumpla 8 años. Sin embargo, este permiso no será retribuido.

Además, se ha creado un permiso por horas para situaciones imprevistas, como enfermedades repentinas o accidentes familiares, que permitirá a los trabajadores ausentarse durante un máximo de cuatro días al año.

Uno de los aspectos más polémicos de la ley ha sido la eliminación del concepto de «familia numerosa». En su lugar, se ha creado la categoría de «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», donde se incluirán casos como familias monomarentales con dos hijos, familias con ascendientes o descendientes discapacitados, familias con víctimas de violencia de género y familias con progenitores en tratamiento hospitalario o en prisión.

Además, la ley amplía la renta crianza, garantizando una ayuda de 100 euros al mes a todas las madres con hijos hasta los tres años, incluyendo aquellas que estén percibiendo prestaciones por desempleo.

A pesar de todos estos avances, la ley no logra prohibir el ‘pin parental’, el mecanismo que permite a los padres y tutores bloquear el acceso a contenidos relacionados con diversidad familiar en el ámbito escolar. La prohibición fue eliminada del texto de la ley después de que el Consejo de Estado advirtiera sobre sus implicaciones legales.