¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad y cómo puede ayudarte?

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que busca ofrecer una alternativa a particulares y autónomos en situación de insolvencia para renegociar o cancelar sus deudas y comenzar de cero.

En Terrer y García Abogados te explicamos los objetivos y requisitos que deben cumplirse para acogerse a esta herramienta legal en España.

La Ley de Segunda Oportunidad en España cumple una triple función, que incluye la regeneración de la economía ciudadana, la efectividad de cobro y la economía procesal.

Este procedimiento está diseñado para ayudar a quienes se encuentran en situación de insolvencia o quiebra, permitiéndoles renegociar o cancelar total o parcialmente sus deudas sin descuidar los derechos de cobro de los acreedores.

Sin embargo, para poder acogerse a esta herramienta legal, es necesario cumplir una serie de requisitos especificados en la ley.

A cambio, el deudor podrá excluir el principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil, que establece que el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros, al cumplimiento de sus obligaciones.

A través de este procedimiento, se busca ayudar a las personas a superar una situación financiera complicada, sin que esto implique el descuido de los derechos de cobro de los acreedores.

NOVEDADES

La Ley de la Segunda Oportunidad ha sido objeto de cambios importantes gracias a la Ley 16/2022, lo que supone una reducción de costes y una simplificación del proceso de cancelación de deudas.

Entre las principales novedades destacan las siguientes:

• Cualquier deudor, ya sea autónomo o no, puede beneficiarse de la exoneración de deudas siempre que cumpla los criterios de buena fe establecidos.
• Se eliminan ciertos intermediarios en el proceso, lo que agiliza los plazos y reduce los costes.
• Se permite que el deudor conserve su vivienda habitual si presenta un plan de pago para la deuda no exonerable.
• Se puede exonerar parte de la deuda pública, hasta un máximo de 10.000 euros en Hacienda y otros 10.000 euros en la Seguridad Social.
• Se establece el borrado inmediato de los datos de morosidad e insolvencia en los registros de crédito una vez el deudor queda exonerado.

En general, estas medidas tienen como objetivo facilitar la recuperación financiera de los deudores y reducir su carga financiera.

Para cualquier consulta, sólo tiene que ponerse en contacto con Terrer y García Abogados.